ABOGADOS Y RGPD

EL ABOGADO ANTE EL RGPD

El colectivo de abogados en España se enfrenta a una total ambigüedad con respecto a la normativa en proteccion de datos personales aplicable en nuestro país. Tanto el Reglamento (UE) 679/2016, Reglamento general de protección de datos, o RGPD (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80807), como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de los derechos personales y garantía de los derechos digitales (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673) se muestran ambiguos en la necesidad o no de nombrar un delegado de protección de datos (DPD).

 

Parece unánime la opinión de que un abogado que trabaje de forma individual está exento de este nombramiento. Por supuesto debe incorporar protocolos de actuación en protección de datos y ser proactivo ante esta normativa y poder demostrarlo.

 

Un dato ambiguo más de esta normativa se refiere a los tratamientos “a gran escala”. Estos se intentan determinar en las conclusiones del grupo de trabajo del articulo 29 (Las Directrices WP 243 del GT29) en su apartado 2.1.3 indicando que no se considerará tratamiento a gran escala “el tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales por parte de un abogado”, pero ¿y si se trata de un pequeño despacho de dos letrados?

 

Ante una ley tan poco clara en la obligación de nombrar o no un delegado de protección de datos, mi consejo es que se solicite presupuesto a un profesional de reconocida trayectoria y se le solicite precio para la consultoría en esta materia y además para la representación como delegado. Puede ser sorprendente que el precio no varía y si lo hace la diferencia sea mínima. De esta forma además de contar con el asesoramiento de un profesional se cubre la posible obligatoriedad de la inscripción de dicho profesional en la AEPD.

 

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